¿Volverán los duelos de Cowboy a las calles de EE.UU.?

Por: Marco Velázquez Cristo.

Según el Nuevo Herald el gobernador de la Florida Ron DeSantis prometió impulsar un proyecto de ley que permita a los floridanos portar abiertamente armas de fuego, aunque no hayan hecho un curso de capacitación. Plantea el medio que, el funcionario se mostró seguro de poder promulgar lo que en EE.UU. se llama “portación constitucional”.  

Dice el Herald que, los partidarios de dicha ley son los que con frecuencia usan el término “portación constitucional” para referirse a ella, los cuales argumentan que los norteamericanos deben poder llevar armas con o sin un permiso, debido a la Segunda Enmienda de la Constitución que establece que, los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a tener y portar armas. De acuerdo con el diario que cita a la United States Concealed Carry Association, unos 25 estados ya promulgaron la “portación constitucional”.

En una sociedad donde la tendencia al incremento de la violencia es una realidad,  en la cual, según el sitio ARCHIVO DE VIOLENCIA CON ARMAS que recopila información sobre este tipo de hechos en el territorio estadunidense, hasta el 3 de mayo de 2022 se han producido, 14432 muertes a causa del uso de armas de fuego, 172 tiroteos masivos, 8 asesinatos en masa, han sido heridos 226 niños entre 0 y 11 años de edad y 1057 adolescentes de edades entre los 12 y 17 años corrieron igual suerte; en vez de tomar medidas para restringir la venta descontrolada de armas de fuego y disminuir los riesgos asociados al uso de estas, hacen todo lo contrario. Parece cosas de locos, pero no lo son.

De acuerdo al sitio Abogado.com para poder comprar armas de fuego en USA se requiere la verificación de antecedentes penales y criminales. Así lo exige la ley Brady sobre prevención de violencia por armas. Pero, si una persona, concreta una venta privada de un arma, sin que medie un vendedor autorizado con licencia, la ley Brady no explica qué hacer en esos casos. Entonces, la necesidad del historial criminal no procede.

Amplía el medio que, la información que arroja la verificación está protegida y no se guarda. Debido a la ley de protección de dueños de armas (Firearm Owners’ Protection Act of 1986, FOPA). Esta es una ley federal que no permite al gobierno nacional o estatal preservar la información personal que vincule a los dueños de armas con sus armas. Es decir, si alguien asesina a otra persona puede dejar tranquilamente su arma en el lugar del hecho que no se le podrá relacionar con ella.

A lo anterior hay que agregar que, la edad mínima exigida para la compra de armas largas como una escopeta o un rifle es 18 años. Sin embargo, en estados como Alaska, Maine, Minnesota y Vermont la edad mínima para tener y comprar una escopeta o un rifle es 16 años. Increíble pero cierto.

De continuar como todo parece indicar que lo hará, la permanencia de esa absurda e irracional política con respecto a la adquisición y uso de las armas de fuego en los Estados Unidos, quizás en un futuro próximo veamos en acción en las calles de sus ciudades, a modernas versiones de famosos pistoleros del Lejano Oeste como Billy el Niño, Wyatt Earp y Clay Allison, reditando sus legendarios duelos a tiros. A lo mejor hasta se produce un auge de las producciones de Hollywood sobre el tema.

En Norteamérica lo que importa es ganar dinero.  

La conformación de este escenario de paradojas inexplicables desde el punto de vista ético y del raciocinio humano, es explicable como reflejo de una sociedad enferma, donde el ganar dinero es puesto por encima del principal derecho que tiene una persona, su derecho a la vida, en la cual el gobierno tolera que, una todo poderosa Asociación Nacional del Rifle obtenga multimillonarias ganancias a costa de la muerte de miles de ciudadanos norteamericanos cada año. En definitiva, los decisores también se benefician de ellas.

Pero la paradoja mayor que desvela la podredumbre moral, y el cinismo del doble discurso del imperio es que, mientras todo esto ocurre dentro de su territorio, se presenta ante el mundo como la “meca” del respeto a los derechos humanos, fuerza la exclusión de países como Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y pretende hacer lo mismo con Cuba.

Más desvergonzados no pueden ser.

 

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